Nota producida y publicada originalmente por Tucson Spotlight, un medio comunitario en inglés y español, el 2 de mayo de 2025.
Por Azumi Valencia, Tucson Spotlight
Tuson, Az. La deportación médica, que consiste en la expulsión de una persona indocumentada del país debido a su condición médica, suele ocurrir cuando la persona no puede costear su tratamiento. El argumento habitual es que representa una carga financiera para los proveedores de salud o el gobierno. Sin embargo, la mujer deportada de Tucson no requería tratamiento adicional más allá del examen preventivo.
Defensores del cuidado de la salud en todo el país y en Tucson están resaltando la importancia de proteger la información médica privada de los pacientes, ya que este nuevo temor se suma a los múltiples obstáculos que enfrentan las personas indocumentadas y las familias de estatus migratorio mixto (donde hay miembros de la familia con permiso legal para estar aquí y otros no) para acceder a servicios de salud.
“Circulan rumores —basados en hechos— de que los hospitales y clínicas también son escenarios de deportaciones médicas, donde personas que ingresan por una emergencia médica terminan siendo detenidas por agentes de inmigración al salir del hospital”, explicó Megan Carney, profesora asociada de antropología en la Universidad de Arizona y directora de estudios regionales sobre alimentación.
Este temor se ha intensificado tras la reciente revocación, por parte de la administración Trump, de una política de la era Biden que protegía ciertos lugares del ingreso de agentes migratorios. Lugares que antes se consideraban seguros para inmigrantes indocumentados, como escuelas, templos religiosos y hospitales, han perdido su estatus de santuario.
En respuesta, hospitales en todo el país están evaluando cómo mantener el cuidado para todos sus pacientes. Algunos han implementado protocolos internos para informar a su personal sobre cómo actuar si agentes de inmigración entran a sus instalaciones.
La Asociación de Enfermeras de Ohio ha publicado lineamientos detallados sobre cómo proteger a pacientes en riesgo, conocer sus derechos legales y manejar encuentros con oficiales migratorios.
En Massachusetts, la fiscal general ha emitido un comunicado con información para ayudar al personal de salud a proteger a los pacientes indocumentados ante la posible presencia de ICE.
El Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) ha compartido orientación para profesionales de la salud sobre cómo actuar ante encuentros con agentes de inmigración.
Aunque en Arizona no se ha emitido una declaración oficial a nivel estatal, algunos hospitales en Tucson están tomando medidas por su cuenta.
Una enfermera del Centro de Salud Comunitario El Rio, que pidió permanecer en el anonimato, comentó que la institución sí cuenta con un protocolo específico, aunque no está disponible al público. No está claro qué incluye el protocolo de El Rio, pero en otros estados estos lineamientos especifican las responsabilidades del personal y los derechos de los pacientes.
Representantes del Tucson Medical Center y del Banner University Medical Center no respondieron a las preguntas de Tucson Spotlight sobre sus protocolos oficiales. No obstante, médicos que trabajan en ambos hospitales afirmaron que no han recibido ninguna directriz interna relacionada con ICE.
Expertos insisten en que contar con políticas claras para proteger la información médica en los entornos de salud es fundamental, especialmente tras la reciente deportación de la mujer de Tucson que recibió el examen gratuito para detectar cáncer de mama.
La prima de la mujer, quien también pidió mantener el anonimato, contó que ella migró a Tucson junto con su hijo para huir de la inestabilidad política en México. Su esposo es ciudadano estadounidense de nacimiento y tiene un trabajo estable como gerente, por lo que su hijo obtuvo la ciudadanía estadounidense sin problemas.
La mujer ingresó al país con una visa de visitante, pero después de que su hijo fue inscrito en la escuela y necesitó atención médica adicional, ella permaneció más allá del tiempo permitido por su visa.
Mientras vivía en Tucson, recibió una mamografía gratuita durante una jornada de detección de cáncer de mama ofrecida por una clínica local. Poco después, solicitó la residencia permanente —un proceso que, dadas sus circunstancias familiares, anteriormente habría sido relativamente sencillo.
Sin embargo, su solicitud fue rechazada por “presencia ilegal”, con el argumento basado en el registro de que había recibido ese examen médico.
Poco tiempo después de la negativa, fue deportada. Las autoridades retuvieron su pasaporte, y tiene prohibido volver a solicitar la residencia por un año.
Su hijo fue retirado de la escuela y regresó a México con ella, mientras su esposo permanece en EE.UU. para apoyarlos económicamente.
“Es ilógico”, dijo la prima de la mujer. “Y ahora un ciudadano estadounidense resulta afectado. Tiene que interrumpir su educación y dejar el país. Eso es muy duro para un niño.”
Azumi Valencia estudia su último año en BASIS Tucson North e investiga las disparidades en salud de las mujeres inmigrantes como parte de su proyecto de final de preparatoria.