Esta nota fue originalmente publicada por Arizona Luminaria
“Las facturas de TEP ya son demasiado altas”, escribió Janelle Menick en un comentario público sobre el caso tarifario en curso de Tucson Electric Power. Hal Bergsma cuestionó cómo las personas con ingresos fijos podrán afrontar un aumento en los precios. “¿Comerán menos, reducirán sus medicamentos o ajustarán el termostato a una temperatura más alta e insalubre durante el verano?”, preguntó.
Mientras Tucson se prepara para entrar en los días más intensos del calor extremo del verano del sur de Arizona, esas son algunas de las muchas preguntas planteadas en un caso tarifario en curso en el que la empresa eléctrica de Tucson está pidiendo a los reguladores estatales aumentar las tarifas debido tanto al alto costo de mantener la red eléctrica local como a la necesidad de seguir generando ganancias para los inversionistas.
TEP brinda servicio a aproximadamente 455 mil clientes en el Condado de Pima y en la base militar Fort Huachuca del Ejército de Estados Unidos en el Condado de Cochise. Aproximadamente el 90% de los clientes de la empresa son residenciales.
Para aumentar las tarifas, TEP, una empresa privada de servicios públicos que tiene el monopolio del suministro eléctrico en el sur de Arizona, debe presentar una solicitud ante la Comisión de Corporaciones de Arizona.
Ese proceso, que dura varios meses, está ocurriendo ahora. Incluye horas de testimonios bajo juramento, documentos legales y complejas tablas tarifarias de electricidad. El próximo plazo en el proceso será en julio, cuando deban presentarse los argumentos finales.
Si el aumento de tarifas es aprobado, aparecerá en las facturas de los clientes. La solicitud de TEP es que el cambio de tarifas entre en vigor en septiembre de 2026.
TEP solicita un aumento tarifario del 13%
El aumento de ingresos solicitado por TEP es de aproximadamente 13%, lo que significaría que la mayoría de los residentes verían un incremento cercano al 13% en sus facturas.
Desde 2021, Tucson Electric Power asegura haber invertido 1.7 mil millones de dólares en el mantenimiento y mejora del servicio, incluido el proyecto de almacenamiento de energía Roadrunner Reserve, un sistema de baterías diseñado para respaldar el aumento de la demanda durante el verano. Mientras tanto, la empresa afirma que se ha vuelto más difícil recuperar costos y que la inflación ha aumentado en dos dígitos durante los últimos años.
Para compensar esos costos, TEP está solicitando un aumento en los ingresos minoristas de aproximadamente 172 millones de dólares, o cerca del 13%. La empresa pide que las nuevas tarifas entren en vigor el 1 de septiembre de 2026.
“TEP está presentando este caso tarifario para: (i) actualizar sus tarifas y brindar a la compañía la oportunidad de recuperar el costo total de su servicio, incluido un rendimiento adecuado y competitivo sobre el capital invertido”, así como proporcionar servicios seguros y confiables y mejorar su calificación crediticia, dijo la empresa. “Todo lo cual beneficiará a los clientes de TEP y a la compañía”.
La oficina de la fiscal general Kris Mayes ha sugerido que un aumento tarifario adecuado sería del 4%, escribiendo en un testimonio presentado ante la Comisión de Corporaciones de Arizona en febrero que “TEP puede alcanzar la misma confiabilidad con solo un aumento del 4% al alinear lo que pagan los clientes con los costos reales de TEP”.
En respuesta, el portavoz de TEP, Joseph Barrios, dijo que la propuesta de la fiscal general no podría implementarse sin afectar la confiabilidad del servicio de TEP y dañaría la capacidad de la empresa para recaudar dinero de inversionistas, fondos que luego usaría, en parte, para invertir en la red eléctrica local.
“Cuando los rendimientos se fijan demasiado bajos, los inversionistas tienen poca motivación para realizar inversiones en infraestructura eléctrica riesgosa y de largo plazo. Eso hace más costoso y más difícil construir y mantener la red”, dijo.
TEP busca actualizar las tarifas cada año
Además de un aumento inmediato en las tarifas, TEP también quiere cambiar la manera en que éstas se determinan en el futuro. La empresa está solicitando un proceso llamado Mecanismo de Ajuste Tarifario Anual, o ARAM por sus siglas en inglés, que actualizaría las tarifas cada año.
La empresa ha argumentado que esto permitiría reflejar los costos de manera más oportuna y predecible en las tarifas de los clientes.
La Comisión de Corporaciones de Arizona aprobó recientemente el primer ARAM para UNS Gas, que también es subsidiaria de Fortis, la compañía matriz de TEP. La comisionada Rachel Walden escribió una columna de opinión sobre esta herramienta en Arizona Republic. Walden afirmó que el nuevo método reduciría costos y permitiría a las empresas de servicios públicos acceder a tasas de interés más bajas.
Bajo el cambio propuesto, el oficial de audiencias aún podría programar una audiencia formal si fuera necesario, señaló Barrios. Sin embargo, la empresa ya no pasaría por un proceso formal como el que enfrenta actualmente.
TEP también podría proponer protocolos sobre cómo se notifica a los clientes acerca de los cambios anuales en las tarifas, algo que preocupa a algunos defensores de consumidores, quienes consideran que podría resultar confuso para los usuarios o dejarlos fuera del proceso para opinar sobre los aumentos tarifarios.
Los críticos de la propuesta también afirman que un aumento anual, sobre un total que sigue creciendo, representa un incremento insostenible en los precios de la electricidad.
La Oficina del Consumidor Residencial de Servicios Públicos, conocida como RUCO por sus siglas en inglés, que representa a los residentes de Arizona en casos tarifarios, presentó recientemente una apelación en el caso de UNS Gas, solicitando al tribunal determinar si la implementación del mecanismo entra en conflicto con la ley.
Dustin Madsen, un experto en tarifas contratado por RUCO para testificar ante la comisión sobre la propuesta del ARAM, dijo durante su testimonio que el mecanismo era “equivalente a un cheque en blanco” y que sería utilizado para trasladar costos a los consumidores. “Simplemente no existe ningún incentivo para que la empresa reduzca costos bajo el ARAM porque eso llevaría a menores ganancias futuras”.
Madsen señaló a Mississippi como ejemplo, donde los aumentos están limitados a no más del 2% anual.
“Es como una rana en agua hirviendo”, dijo Daniel Dempsey, quien trabajó como analista financiero autorizado para inversionistas en compañías energéticas y ahora continúa realizando análisis mientras dirige Underground Arizona, donde comenta sobre decisiones relacionadas con energía y servicios públicos. Señaló que pocos grupos de defensa cuentan con los recursos necesarios para supervisar constantemente al regulador y vigilar posibles desperdicios o costos injustos dentro de los aumentos anuales.
La concejal de la ciudad de Tucson, Miranda Schubert, quien se ha pronunciado a favor de la energía pública, dijo estar preocupada por el ARAM. “El ARAM es potencialmente una de las pérdidas más peligrosas de supervisión pública sobre las tarifas de servicios públicos en décadas”, declaró Schubert a Arizona Luminaria.
El concejo municipal aprobó formalmente una moción, impulsada por Schubert, para oponerse al ARAM y respaldar la propuesta de la fiscal general de un aumento tarifario del 4% durante su reunión del 19 de mayo.
Contexto: residentes de Tucson luchan para pagar sus facturas
Cynthia Zwick, directora de RUCO, dijo que su principal preocupación era el aumento continuo en los costos. RUCO realizó alrededor de 14 reuniones públicas sobre incrementos en los costos de servicios públicos en todo Arizona, y las altas tarifas de agua, electricidad y gas fueron un problema para la mayoría de las personas.
“Hoy ya tienen dificultades para manejar sus facturas. Introducir posibles aumentos anuales es más de lo que creen poder soportar”, dijo durante su testimonio en el caso tarifario. “Honestamente, no vemos ningún beneficio para los clientes residenciales”.
Claire Michael, de Wildfire AZ, una organización que trabaja para abordar las causas estructurales de la pobreza, testificó ante la comisión que algunos de los clientes de TEP con menores ingresos destinan el 11% de sus ganancias únicamente al pago de electricidad.
Además del cambio en la manera en que se calcularían las tarifas en el futuro, Tucson Electric Power también está proponiendo:
- Pasar de ofrecer un descuento de 20 dólares para clientes de bajos ingresos a otorgar a los clientes residenciales que estén en o por debajo del 100% del nivel federal de pobreza un descuento mensual del 50%, mientras que quienes se encuentren entre el 101% y el 200% recibirían un descuento mensual del 20% en sus facturas.
- Iniciar un programa que ayudaría a convertir los parques de casas móviles a medidores individuales en cada vivienda, un problema que organizadores consideran ha estado en el centro de la sobrefacturación de servicios públicos y que ha dejado a muchos residentes sin posibilidad de acceder a descuentos para personas de bajos ingresos.
La asequibilidad se ha convertido también en una razón clave por la que funcionarios locales han comenzado a involucrarse más en el tema.
La Junta de Supervisores del Condado Pima aprobó una resolución oponiéndose tanto al aumento tarifario como a la nueva fórmula. “Un aumento en las tarifas tendrá consecuencias en cascada para los residentes y negocios del condado mediante incrementos en el costo total de vida, mayor demanda de servicios sociales y una disminución en la competitividad económica”, señala la resolución.
La ciudad de Tucson intervino formalmente en el caso tarifario, señalando preocupaciones sobre la asequibilidad de la energía y el impacto que los aumentos tarifarios tendrían en la transición hacia energía limpia.
Además, funcionarios de la ciudad dijeron durante los testimonios de las audiencias que el aumento tarifario añadiría 2.1 millones de dólares al gasto eléctrico de la ciudad, lo que probablemente implicaría más impuestos y tarifas para los residentes.
“Un aumento de este tamaño esencialmente impondría a los residentes y negocios de la ciudad un doble incremento: una vez en su propia factura eléctrica y otra vez para pagar los impuestos adicionales y/o tarifas de servicios municipales necesarias para cubrir el aumento en el gasto eléctrico de la ciudad”, dijo el administrador de servicios públicos de la ciudad de Tucson, Michael Catanzaro, en su testimonio ante la comisión.
¿Quién decide qué ocurre en un caso tarifario?
La Comisión de Corporaciones de Arizona establece las tarifas que cobran las empresas de servicios públicos en Arizona para cubrir los costos de proporcionar el servicio, pero también para otorgar a la empresa lo que la ACC determina como una ganancia justa. Las solicitudes generalmente se han basado en los costos de la empresa durante un “año de prueba”, es decir, un periodo que refleja los gastos reales de la compañía de servicios públicos.
El proceso incluye:
- Una solicitud presentada por la empresa de servicios públicos
- El establecimiento de un calendario de audiencias
- La solicitud de intervención en el caso tarifario por parte de actores como RUCO
- Una audiencia pública presidida por un juez de derecho administrativo que puede durar semanas o meses, y durante la cual defensores de consumidores o residentes pueden opinar sobre la solicitud
- Una recomendación u opinión del juez
- Una reunión pública durante la cual la comisión considera la orden recomendada, puede sugerir cambios y puede votar
La audiencia sobre el caso de Tucson Electric Power comenzó el 22 de abril y concluyó el 12 de mayo.
De manera crucial, la comisión señala que no puede simplemente rechazar la solicitud de nuevas tarifas presentada por una empresa de servicios públicos.
“Una de las responsabilidades constitucionales de la Comisión es establecer tarifas justas y razonables; no puede simplemente negar la solicitud de una empresa de servicios públicos basándose en que no desea aumentar las tarifas”, señaló la comisión en un comunicado de prensa emitido en febrero. “La responsabilidad regulatoria de la Comisión es establecer tarifas justas y razonables y garantizar que la empresa de servicios públicos proporcione servicios seguros y confiables a sus clientes”.
Un debate central: cuánto ganará TEP para sus accionistas
Aunque parte de la solicitud de Tucson Electric Power busca obtener un retorno sobre las inversiones realizadas en energía limpia y mantener la confiabilidad de la red eléctrica, la empresa también está pidiendo a la comisión un retorno específico sobre el capital, es decir, la cantidad que recuperará para sus accionistas.
La empresa solicita aumentar el límite de ganancias que puede obtener, pasando de 9.55% a 10.5%.
“Un retorno competitivo sobre el capital ayudará a mantener la estabilidad financiera de TEP y le permitirá cubrir sus necesidades de capital para enfrentar estos desafíos”, dijo el abogado de TEP, Michael Patten, al inicio del caso.
TEP forma parte de una familia de empresas de servicios públicos propiedad de Fortis, que el sitio web de TEP describe como la mayor compañía holding privada de servicios de gas y electricidad de Canadá.
En una presentación para inversionistas de junio de 2025, Fortis Inc. mostró que los rendimientos para los accionistas han aumentado durante la última década.
Mayes, en su oposición a la solicitud de Tucson Electric Power, dijo que el nivel de ganancias para los accionistas de la empresa es significativamente más alto de lo necesario para retener inversionistas en el mercado actual. “La propuesta de TEP es simple y llanamente una muestra descarada de codicia corporativa”, dijo Mayes.
Mark Ellis, un consultor contratado por la oficina de la fiscal general para analizar la solicitud tarifaria, dijo que Tucson podría evitar una gran parte del aumento de tarifas para los residentes si la empresa aceptara un menor margen de ganancias para sus accionistas.
“Mi análisis muestra que se está pidiendo a los clientes pagar más de lo necesario, no para mantener las luces encendidas, sino para ofrecer rendimientos muy por encima de lo que los inversionistas realmente requieren”, dijo Ellis en una parte de su testimonio compartida en Arizona Daily Star.
Es año electoral
Aunque existen consideraciones logísticas y prácticas dentro del caso tarifario, también hay cuestiones políticas en el ambiente para algunos miembros de la comisión y para la futura relación de TEP con Tucson.
Dos de los miembros de la Comisión de Corporaciones, ambos republicanos, buscarán la reelección. Dos demócratas están entre los candidatos que compiten en equipo para desbancarlos.
En noviembre, los votantes de Tucson volverán a decidir sobre el futuro del acuerdo de franquicia de la ciudad con TEP, luego de que fuera rechazado en 2023. La propuesta actual incluye destinar parte de los fondos de los accionistas a programas de apoyo energético para personas de bajos ingresos y proyectos relacionados con el clima.
“El nuevo acuerdo no afectaría las facturas de los clientes y ayudaría a garantizar acceso oportuno a nuestras instalaciones para mantenimiento y respuesta a emergencias”, dijo Barrios en un comunicado.
Acompañando cada paso de la discusión sobre TEP en Tucson está una campaña continua y creciente a favor de la energía pública, encabezada por el capítulo de Tucson de Democratic Socialists of America, pero cada vez más presente también en las discusiones del concejo municipal.
La concejal Schubert dijo que cree que la energía pública ofrece el camino más seguro hacia una electricidad asequible y que, mientras más espere la ciudad para adquirir la empresa de servicios públicos, más costoso será hacer la transición a otra opción.
“Vemos una diferencia marcada entre las propuestas de aumento tarifario de TEP, una empresa privada con fines de lucro, y Tucson Water, propiedad de la ciudad. Tucson Water recomendó un aumento tarifario de 3.5%, aproximadamente en línea con la inflación, mientras enfocaba la inversión de capital en reemplazar infraestructura envejecida y mejorar la eficiencia mediante la instalación de medidores de agua avanzados”, dijo a Arizona Luminaria.
El concejal Paul Cunningham dijo que se opone al aumento tarifario, pero tampoco ve un camino directo hacia la energía pública. “Es muy importante que Tucson tenga energía asequible”, dijo. “Que una empresa multinacional con fines de lucro administre las necesidades energéticas de la gente no es un modelo ideal ni sostenible”.
En lugar de la opción de energía pública, señaló una iniciativa aprobada recientemente por el concejo municipal para comenzar a considerar un programa de energía renovable que permitiría generación solar a escala vecinal y almacenamiento compartido en baterías dentro de Tucson.
Los centros de datos son un punto de conflicto
Cómo impactarán en los costos de energía el centro de datos Proyecto Blue, así como otro que se planea construir en Marana, es una pregunta urgente para muchos residentes del área de Tucson.
“Como residente, no debería verme obligado a subsidiar las necesidades especializadas de energía e infraestructura de enormes centros de datos”, señaló uno de los comentarios públicos sobre el caso tarifario.
La ACC aprobó en diciembre la solicitud energética entre Humphrey’s Peak Power LLC y Tucson Electric Power. Durante la audiencia, los comisionados expresaron preocupación porque el centro de datos utilizara equipos de TEP financiados anteriormente mediante pagos tarifarios de los clientes.
TEP dijo en junio de 2025 que su solicitud tarifaria no estaba influenciada por Proyecto Blue, afirmando que respondía a trabajos realizados desde 2021. La empresa también indicó que el operador de Proyecto Blue pagaría más de mil millones de dólares por electricidad durante la próxima década, lo que reduciría la cantidad que TEP necesitaría recaudar de otros clientes.
Un informe de 2026 del Electric Power Research Institute, un grupo de investigación enfocado en el acceso equitativo a la energía, concluye que Arizona está entre seis estados donde los centros de datos podrían superar el 20% del consumo eléctrico estatal para 2030. A nivel nacional, el informe concluye que los centros de datos podrían consumir hasta el 17% de toda la electricidad de Estados Unidos para 2030, más del doble de lo que utilizan actualmente.
Dempsey dijo estar preocupado porque los centros de datos en el condado Pima dependerían, en parte, de equipos pagados anteriormente con dinero de los contribuyentes que pagan tarifas eléctricas. También quería conocer qué tarifa se establecería para los centros cuando comiencen a operar.
“Uno de los mayores problemas que tengo con Proyecto Blue es simplemente el hecho de que están tomando toda la generación que nosotros pagamos”, dijo Dempsey. “Nosotros pagamos por los megavatios que ellos quieren usar”.
Aunque Proyecto Blue en el condado Pima se encuentra en las etapas iniciales de construcción, todavía no existe una categoría tarifaria para centros de datos, lo que significa que los clientes de TEP podrían terminar recibiendo automáticamente la tarifa destinada a estos centros, dijo.
Señaló a APS en Phoenix como un modelo: la empresa dijo que quiere un aumento tarifario del 45% para usuarios extragrandes como los centros de datos.
Traducción: Beatriz Limón