Una marea de carteles blancos inundó la calle Congress el 30 de enero por la tarde en el centro de la ciudad. Era una protesta en Tucson que exigía la salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad.
Tres manifestaciones diferentes, provenientes de la Universidad de Arizona y del Distrito Escolar Unificado de Tucson (TUSD), se unieron alrededor de las 2:30 p.m., congregando a miles de personas de todas las edades, razas, géneros, profesiones e identidades.
Decenas de negocios cerraron, las clases en TUSD, el distrito escolar más grande de la ciudad, fueron canceladas y muchas personas faltaron al trabajo para protestar contra el aumento de las detenciones y deportaciones indiscriminadas en todo el país por parte de la administración del presidente Donald Trump. Su mensaje era claro: ICE no es bienvenido en Tucson.
Esta protesta fue una de las muchas que se llevaron a cabo en ciudades de todo el país, incluyendo Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, una ciudad que ha sido blanco de las medidas de control migratorio de la administración y donde dos personas murieron después de recibir tiros de bala por parte de agentes federales de inmigración en el último mes.
“Estoy en contra de todo lo que está pasando en el país, de cómo están tratando a la gente, a los inmigrantes, y haciéndolos ver como que son lo peor, cuando hay otras preocupaciones”, dijo una maestra de una escuela primaria del distrito de Escuelas Públicas Amphitheater, quien pidió permanecer en el anonimato.
Originaria de Sonora, la maestra es ciudadana naturalizada y lleva 21 años viviendo en Estados Unidos. Para ella, no se trata sólo de derechos humanos, sino también del futuro de la ciencia, la educación y el medio ambiente. Llevó a sus dos hijos a la protesta, saliendo temprano de su trabajo ese día para poder asistir.
“Quiero ejercer mi derecho de estar inconforme y demostrar que estoy inconforme, enseñarles a mis hijos que tenemos que hacer nuestra parte como comunidad y también quejarnos y, pues, tratar de hacer un cambio”, dijo.
Como maestra, ha sido testigo de cómo el miedo se ha extendido en su comunidad. Especialmente después de un incidente en el que ICE intentó entrar en Amphi Middle School. Si bien ICE no logró entrar en la escuela, muchos padres se enteraron del intento, lo que avivó el miedo y la incertidumbre.
“En la escuela donde estoy he visto cómo (los niños) tienen miedo por sus papás”, dijo. “Los chiquitos también entienden. Ven en sus casas, a pesar de que los papás no quieren demostrar, pero sí como que de repente nos preguntan ‘¿Y qué va a pasar? ¿Y si llega ICE?’”.
Expresó su descontento con el Distrito Escolar de Amphitheatre por no cancelar las clases el viernes 30 de enero ante el llamado a un paro nacional en contra de ICE, especialmente cuando tantos estudiantes del distrito se ven afectados por las medidas de control migratorio.
Además, ella tiene un mensaje para quienes aún apoyan las acciones del gobierno contra la comunidad inmigrante.
“Nunca es muy tarde para apoyar a lo correcto”, dijo. “Tengan empatía, aprendan a respetar a todos los que son de diferentes nacionalidades y entiendan que la gente está aquí porque quiere trabajar y no por ver situaciones incómodas para los demás. Entonces, que se pongan un poco en los pies de los demás”.
Desde la aprobación del proyecto de ley conocido como One Big Beautiful Bill el pasado mes de julio, que otorgó al Departamento de Seguridad Nacional miles de millones de dólares para financiar la aplicación de las leyes de inmigración y los centros de detención, el país ha experimentado un aumento en las detenciones. Actualmente, hay más de 60,000 personas detenidas en estos centros, una cifra sin precedentes.
Trump basó su campaña presidencial en 2024 en la promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, y ha implementado medidas para cumplir con dicha promesa.
“Se me hacen muy injustas las leyes que están pasando ahorita”, dijo Martha Martínez, una manifestante en la protesta de Tucson. “Todo el abuso, todo el acoso, todas las muertes que están causando, porque el gobierno que tenemos está solamente pensando en ellos, no están pensando en la gente”.
Martínez, ciudadana norteamericana naturalizada y originaria de Hermosillo, es voluntaria de la organización Servicios Comunitarios Católicos del Sur de Arizona y visita regularmente el Centro de Detención de Eloy para compartir el evangelio con los detenidos. Ella es testigo de la desesperanza de quienes, por haber venido a este país sin documentos, son tratados como criminales.
“Los miras deprimidos, tristes, caídos, angustiados, sin esperanza”, dice. “Yo voy y les doy una palabra de aliento, los animo como puedo, como con mis palabras, y se sienten un poquito más animados, pero ahí se quedan. Yo me vengo y ellos se quedan y siguen igual, sufriendo sin saber” qué hacer.
Ella dice que las personas con las que interactúa provienen de todas partes del mundo. La mayoría llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, más oportunidades y seguridad.
Un informe anual de la Iniciativa Kino para la Frontera, un albergue para migrantes en Ambos Nogales, indica que ahora están recibiendo a personas deportadas que vivieron en Estados Unidos durante décadas y a quienes les han arrebatado sus familias, sus trabajos y su comunidad.
‘No somos criminales’
En varios discursos en años recientes, Trump ha calificado a los inmigrantes de violadores, criminales, monstruos ilegales y pandilleros. Ha dicho que los inmigrantes están envenenando el país, quitándonos nuestros trabajos e invadiendo la nación.
“Yo quisiera que supieran que no somos malas personas y usualmente nosotros servimos a la gente americana, y muchas personas que limpian su yarda, que limpian su casa, que los apoyan de alguna manera”, dijo Daniela López, otra manifestante.
Ellos deberían de tener un poco de conocimiento, que somos gente trabajadora y que venimos aquí a echarle ganas. No somos criminales, no tenemos récord criminal, solamente queremos un futuro mejor para nuestros hijos”.
Daniela López, tucsonense de origen mexicano.
López es ciudadana naturalizada, pero vive con el temor de ser blanco de las redadas de ICE. “O sea, ya ha muerto gente inocente, entonces sí da miedo”, dice, refiriéndose a las 13 personas a las que, según reportes, agentes de inmigración han disparado desde septiembre.
Originaria de Sonora, López llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Dice que aunque no eligió venir a este país, lucha por una vida mejor para ella y sus hijos, y quiere que la gente sepa que los inmigrantes no son como los describe Trump.
López limpia casas y en muchas ocasiones ha visto que las personas que la contratan apoyan a Trump. A pesar de la desconexión entre la política y la realidad, cree que esas personas tienen “buen corazón”.
“Tal vez no están viendo la realidad de lo que está pasando”, dice. “Este país no funciona sin nosotros”.
Más que nada, los manifestantes del evento del viernes están llamando la atención sobre el trato inhumano y las injusticias que enfrenta actualmente la comunidad inmigrante. Si bien administraciones anteriores deportaron a millones de personas y separaron a miles de familias, según los manifestantes, la política migratoria de Trump se ha caracterizado por la crueldad, las prácticas indiscriminadas y el desprecio por una aplicación de la ley migratoria justa y humana.
“Mi preocupación es que todo quede ahí y no se haga nada al respecto. Que se le preste atención por un momento, pero que tan pronto como Trump deje el cargo, la situación continúe igual”, dice Anthony Sánchez, quien estuvo a cargo de la seguridad de la protesta a través de la Coalición No Data Center.
Sánchez dijo: “Esto no se limita solo al ICE. El objetivo no es solo recortar los fondos del ICE, sino abolirlo por completo y enjuiciar a todas las personas que han causado daño a la comunidad”.
