Esta guía fue publicada originalmente por Arizona Luminaria. Creada por Arizona Luminaria staff y Emma LaPointe
Los votantes del área de Tucson verán muchas preguntas en sus boletas para las elecciones generales del 3 de noviembre, con decisiones que van desde cómo votamos hasta cómo financiamos nuestro zoológico.
Y dependiendo de dónde vivas, podrías tener preguntas adicionales, incluidas propuestas relacionadas con las escuelas y los impuestos locales.
Como una guía rápida para los votantes, si el número de la proposición comienza con un 1, se trata de una enmienda constitucional estatal y puede haber sido presentada en la boleta por los votantes o por la Legislatura. Si comienza con un 2, fue colocada en la boleta por los votantes mediante la recolección de firmas. Si comienza con un 3, fue colocada en la boleta por la Legislatura. Las iniciativas locales comienzan con un 4.
Prop. 141: Prohibición de impuestos basados en las millas recorridas
La Prop. 141 enmendaría la Constitución de Arizona para prohibir que los gobiernos estatales y locales cobren impuestos o cargos a los conductores en función de cuántas millas recorren. También les prohibiría monitorear o limitar las millas recorridas, a menos que el conductor acepte voluntariamente.
Un voto a favor modificaría la Constitución estatal para prohibir al estado y a cualquier condado, ciudad, pueblo u otro gobierno local:
- Imponer un impuesto o cargo a una persona en función de las millas que recorra en un vehículo motorizado
- Promulgar una norma o ley para monitorear o limitar esas millas, a menos que la norma o ley exija que la persona dé su consentimiento voluntario
La prohibición no se aplicaría a los acuerdos interestatales para reportar o pagar impuestos sobre el combustible o tarifas de registro de vehículos comerciales que operan en más de un estado. Tampoco se aplicaría a los vehículos propiedad de un gobierno y operados por éste.
Un voto en contra dejaría la Constitución como está, sin una prohibición de los impuestos o cargos basados en las millas recorridas. Arizona no graba ni monitorea activamente las millas recorridas por los vehículos, por lo que la medida prohibiría al gobierno crear cualquier programa futuro de impuestos o monitoreo.
Antecedentes: La Legislatura colocó la Prop. 141 en la boleta. Sus partidarios la llaman la Ley del Derecho a Moverse.
Un impuesto basado en las millas recorridas por un vehículo, conocido como impuesto VMT, cobra a los conductores según la distancia que recorren. En otros estados, las tasas impositivas se han basado en el peso, la eficiencia del combustible o la hora del viaje. Ambos lados reconocen por qué la idea está siendo discutida: los vehículos eficientes en el consumo de combustible y los vehículos eléctricos generan menos ingresos por impuestos a la gasolina, y el impuesto a la gasolina es una de las principales fuentes de financiamiento para las carreteras. El impuesto a la gasolina de Arizona es de 18 centavos por galón, según un argumento presentado por Civic Engagement Beyond Voting, un grupo que se opone a la medida.
Los partidarios dicen que Arizona sería el primer estado en incluir una prohibición de este tipo en su Constitución, según los argumentos presentados ante la Oficina de la Secretaria de Estado de Arizona para el folleto electoral estatal.
A favor: Los partidarios dicen que la medida protege la privacidad y la libertad de movimiento. Argumentan que los programas de impuestos por millaje en otros estados pueden depender de dispositivos GPS, aplicaciones para teléfonos inteligentes u otros sistemas de rastreo que registran a dónde van los conductores, y quieren impedirlo antes de que comience en Arizona.
Los partidarios también dicen que un impuesto por milla afectaría principalmente a los residentes de zonas rurales, quienes viajan diariamente al trabajo, trabajadores de oficios y conductores de reparto, y podría aumentar los precios de los productos transportados en camiones. Dicen que Arizona puede recaudar dinero para las carreteras de otras maneras y que incluir la prohibición en la Constitución impediría que futuras legislaturas la revirtieran.
Entre los partidarios que presentaron argumentos se encuentran Arizona Free Enterprise Club, Arizona Trucking Association y Maricopa County Libertarian Party.
En contra: Los opositores dicen que la medida eliminaría permanentemente una posible forma de financiar las carreteras a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan más comunes, ya que sus propietarios no pagan impuestos a la gasolina. Ted Maxwell, presidente y director ejecutivo del Southern Arizona Leadership Council y presidente de la Arizona State Transportation Board, escribió que la medida prohibiría incluso programas voluntarios y piloto para evaluar si un sistema basado en las millas recorridas podría funcionar en Arizona.
Tom Prezelski, asesor principal de políticas de Rural Arizona Action, escribió que el estado enfrenta un déficit estimado de 68,000 millones de dólares en necesidades de transporte no cubiertas. Dijo que un impuesto VMT sigue siendo en gran medida teórico y que la medida cerraría la discusión antes de que el estado pueda estudiarlo.
Civic Engagement Beyond Voting argumentó que las preocupaciones sobre la privacidad son exageradas y que la medida impediría que los propietarios de vehículos eléctricos paguen una parte de los costos de las carreteras.
Entre los opositores que presentaron argumentos se encuentran Southern Arizona Leadership Council, Civic Engagement Beyond Voting y Rural Arizona Action.
Prop. 142: Trato preferencial y discriminación
La Prop. 142 añadiría detalles a una sección de la Constitución de Arizona que ya prohíbe que los gobiernos estatales y locales otorguen trato preferencial o discriminen por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional. Las adiciones restringirían requisitos, programas y capacitaciones relacionados con la raza, la etnia, la identidad de género y la orientación sexual en escuelas públicas, universidades y agencias.
Un voto a favor modificaría el Artículo II, Sección 36 de la Constitución estatal para prohibir que el estado, incluidas las ciudades, pueblos, condados, universidades públicas, colegios comunitarios, distritos escolares y otros gobiernos locales:
- Otorgue trato preferencial o discrimine por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el empleo público, la educación o la contratación, incluso si la medida forma parte de un programa federal
- Exija a solicitantes, empleados, estudiantes o contratistas que respalden o apoyen el trato preferencial o la discriminación por motivos de raza o etnia como condición para la admisión, graduación, contratación, ascenso, certificación, contratación de servicios o una beca. Esto incluye exigir o solicitar una declaración en apoyo de conceptos de diversidad, equidad e inclusión basados en la raza; pedir a las personas que hablen sobre su propia raza o etnia o sus opiniones sobre la raza o etnia de otras personas; y exigir capacitaciones o cursos que promuevan esos conceptos
- Gaste dinero público en oficinas o puestos en instituciones de educación pública que sean responsables de promover el trato preferencial o la discriminación por motivos de raza o etnia. Esto incluye dinero utilizado para influir en la composición del cuerpo docente y estudiantil, o para capacitaciones, programas y actividades diseñados tomando como referencia la raza, la etnia, la interseccionalidad, la identidad de género o la orientación sexual
- Utilice políticas disciplinarias que traten de manera diferente a estudiantes o empleados por motivos de raza o etnia
La enmienda enumera excepciones. Entre ellas se encuentran la enseñanza de cursos académicos, la investigación y las obras creativas; las actividades de organizaciones estudiantiles registradas y los oradores invitados por períodos breves; los servicios de salud mental o física proporcionados por un profesional con licencia; la discusión de casos históricos de odio o discriminación racial, como la esclavitud, el desplazamiento de indígenas, el Holocausto y el internamiento de estadounidenses de origen japonés; las condiciones basadas en la pertenencia tribal en programas que prestan servicios a miembros de tribus; y las condiciones basadas en el sexo, incluidos espacios específicos para cada sexo, que sean razonablemente necesarias para las operaciones. Las medidas necesarias para mantener la elegibilidad para un programa federal están permitidas únicamente si se limitan a actividades de divulgación, publicidad o comunicación que no modifiquen los criterios de solicitud ni la manera en que se evalúa a las personas.
Un voto en contra mantendría la Sección 36 como está. La Constitución seguiría prohibiendo que el estado otorgue trato preferencial o discrimine por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el empleo público, la educación y la contratación.
Antecedentes: La Legislatura estatal colocó la Prop. 142, que comenzó como la Resolución Concurrente de la Cámara 2044, en la boleta electoral.
El texto de la enmienda señala que las restricciones sobre el respaldo obligatorio también abarcan “prácticas o conceptos relacionados que pueda establecer la Legislatura”. Los opositores dicen que ese lenguaje permitiría a futuras legislaturas añadir elementos a la lista sin volver a consultar a los votantes.
Los partidarios y opositores discrepan sobre lo que la enmienda haría en la práctica.
A favor: Los partidarios dicen que la medida incluiría el trato igualitario en la Constitución estatal y evitaría que el dinero público se utilizara para exigir a estudiantes o empleados que respalden programas basados en la raza. Dennis Liles escribió que no se trata de prohibir la conversación ni la diversidad.
Los partidarios también dicen que la enmienda cerraría lo que consideran una laguna que permite preferencias basadas en la raza en la contratación, las admisiones y la contratación de servicios cuando el gobierno federal las exige. Dicen que el cambio haría permanente la regla independientemente de quién esté en el poder en Washington. Argumentan que los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos con frecuencia como DEI, han generado un trato preferencial basado en la raza y el sexo.
Entre los partidarios que presentaron argumentos ante la Oficina de la Secretaria de Estado de Arizona se encuentran Goldwater Institute, Arizona Free Enterprise Club, Heritage Action for America y Arizona Women of Action.
En contra: Los opositores dicen que la medida es innecesaria porque el Artículo 2, Sección 36 de la Constitución de Arizona ya prohíbe la discriminación y el trato preferencial. Dicen que va más allá al restringir programas, capacitaciones y actividades de divulgación, y que su redacción es lo suficientemente amplia como para que las escuelas y agencias puedan eliminar programas legales para evitar demandas. Pinny Sheoran, asesora de la junta y secretaria de la League of Women Voters of Arizona, presentó esos argumentos.
Arizona Center for Women’s Advancement dijo que la medida limitaría programas que atienden a grupos que han enfrentado discriminación, incluidas capacitaciones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual. Darrell Hill, director de políticas de la ACLU of Arizona, escribió que la medida viola la Primera Enmienda al prohibir que ciertas ideas se discutan en universidades y lugares de trabajo gubernamentales.
Algunos opositores dicen que limitaría la manera en que los maestros pueden enseñar la historia. El texto de la enmienda exime la enseñanza de cursos académicos y la discusión de casos históricos de odio o discriminación racial.
Entre los opositores que presentaron argumentos se encuentran la Liga de Mujeres Votantes de Arizona, la ACLU de Arizona, Mi Familia Vota, Chispa Arizona y Civic Engagement Beyond Voting.
Prop. 144: Identificación de votantes y otras reglas electorales
La Prop. 144 enmendaría la Constitución de Arizona para exigir que todos los votantes, incluidos quienes votan por correo, muestren una identificación emitida por el gobierno en cada elección. También prohibiría que ciudadanos extranjeros gasten dinero en las elecciones de Arizona, exigiría que los votantes tengan la opción de que sus boletas sean contabilizadas en su lugar de votación el día de las elecciones y establecería un nuevo estándar sobre cómo los tribunales revisan las leyes electorales.
Un voto a favor modificaría la Constitución estatal para:
- Exigir que todos los votantes presenten una prueba válida de identidad emitida por el gobierno antes de emitir su voto en cada elección, ya sea que voten en persona o por otro método, según lo establezca la ley. La medida limitaría la identificación aceptable a documentos emitidos por el gobierno.
- Exigir que a todos los votantes se les ofrezca la opción, el día de las elecciones, de que su boleta sea contabilizada en su lugar de votación, según lo establezca la ley.
- Prohibir que ciudadanos extranjeros contribuyan o gasten dinero o cualquier cosa de valor para influir en una elección de Arizona, y prohibir que cualquier persona acepte deliberadamente dicha contribución.
- Establecer que solo los ciudadanos pueden registrarse y votar en las elecciones de Arizona, y que las elecciones se deciden únicamente mediante los votos de ciudadanos elegibles.
- Permitir que los ciudadanos y la Legislatura aprueben leyes que regulen las elecciones, incluidas la votación anticipada y la votación por correo, siempre que las leyes estén racionalmente relacionadas con un interés legítimo del estado. La descripción oficial de la boleta señala que este nuevo estándar para la revisión judicial “puede dificultar impugnar las leyes electorales”.
- Exigir que la Legislatura asigne el dinero necesario para implementar los cambios.
Los cambios se aplicarían a las elecciones celebradas a partir del 1 de enero de 2028.
Un voto en contra mantendría las disposiciones constitucionales actuales que regulan las elecciones. Las leyes estatales sobre identificación de votantes, votación anticipada y votación por correo permanecerían vigentes. Según la Oficina del Registrador del Condado de Pima, los votantes pueden utilizar identificaciones emitidas por el gobierno al votar o documentos como recibos de servicios públicos combinados con una tarjeta de registro de votante. Los trabajadores electorales también verifican las firmas en las boletas anticipadas.
Antecedentes: La Legislatura colocó la Prop. 144, que comenzó como la Resolución Concurrente de la Cámara 2001, en la boleta. Sus partidarios la llaman la Ley FAST de Resultados Electorales, por “Rápidos, Precisos, Seguros y Transparentes”. El representante Alexander Kolodin, republicano de Scottsdale que se postula para secretario de Estado, patrocinó la medida.
Los votantes de Arizona rechazaron una medida similar en 2022. La Prop. 309 habría añadido requisitos de identificación para las boletas por correo, según la Oficina de la Secretaria de Estado.
Boletas por correo: La enmienda señala que el requisito de identificación funcionaría “según lo establezca la ley”, lo que deja los detalles en manos de la Legislatura. Los opositores argumentan que la medida no dice cómo los votantes por correo demostrarían su identidad. Greg Blackie, de Arizona Free Enterprise Club, dijo durante un debate del 1 de octubre que las opciones podrían incluir escribir cuatro dígitos de un número de identificación en el sobre de la boleta o cargar una foto de una identificación en línea.
Los opositores dicen que la medida tiene como objetivo restringir la votación por correo. Kolodin ha dicho que no se trata de un ataque contra el sistema de votación por correo, según KJZZ.
Dinero extranjero: La ley federal ya prohíbe que ciudadanos extranjeros hagan contribuciones relacionadas con elecciones estatales, según la Comisión Federal de Elecciones. Blackie dijo durante un debate del 1 de octubre que esa ley tiene una laguna para las campañas de medidas electorales. Señaló a Sixteen Thirty Fund, una organización sin fines de lucro que ha recibido millones de dólares del multimillonario suizo Hansjörg Wyss, según un informe de financiamiento de campañas de Arizona. El fondo aportó 1.25 millones de dólares en 2024 para apoyar la Prop. 139, la medida sobre el derecho al aborto que los votantes aprobaron, según muestran los registros estatales.
La medida no explica cómo el estado impediría que una organización sin fines de lucro que ha recibido dinero extranjero haga contribuciones, según el concejal de Tempe Randy Keating, opositor de Blackie. Blackie dijo posteriormente por mensaje de texto a KJZZ que las sanciones establecidas por ley podrían disuadir las infracciones y que el fiscal general podría investigar acusaciones creíbles.
A favor: Los partidarios dicen que la medida incluiría la identificación de votantes y el requisito de ciudadanía para votar en la Constitución, donde sería más difícil modificarlos. Scot Mussi, presidente de Arizona Free Enterprise Club, escribió que las leyes actuales de identificación de votantes son únicamente estatutarias, permiten identificaciones que no son emitidas por el gobierno y no se aplican a todos los votantes.
Los partidarios dicen que el conteo en el lugar de votación aceleraría los resultados. Mussi escribió que una ley de 2021 permite a los condados ofrecerlo, pero ningún condado lo ha hecho, y que la Prop. 144 exigiría que todos los condados lo hagan. Los partidarios también dicen que el condado de Maricopa recibió más de 280,000 boletas por correo entregadas el día de las elecciones en 2022 y que su conteo tardó casi dos semanas.
Los partidarios dicen que la prohibición de contribuciones extranjeras cerraría una laguna en la ley actual.
Entre los partidarios que presentaron argumentos ante la Oficina de la Secretaria de Estado de Arizona se encuentran Arizona Free Enterprise Club, Yavapai County Republican Committee y Kolodin.
En contra: Los opositores dicen que la medida es innecesaria porque Arizona ya exige ciudadanía para votar, identificación al registrarse y votar en persona, y verificación de firmas en las boletas por correo. Dicen que alrededor del 80% de los votantes de Arizona emiten sus votos por correo.
Los opositores dicen que a los votantes por correo se les podría exigir enviar una copia de una identificación con cada boleta, lo que, según ellos, representaría una carga y un riesgo para la privacidad y el robo de identidad. Dicen que limitar las identificaciones aceptables a documentos emitidos por el gobierno terminaría con el uso de opciones como un recibo de servicios públicos o un estado de cuenta bancario, lo que, según ellos, afectaría a los votantes rurales, los votantes mayores y los votantes con discapacidades. También dicen que la medida añadiría trabajo sin financiamiento para las oficinas electorales de los condados.
La League of Women Voters of Arizona escribió que el nuevo estándar de revisión judicial podría utilizarse para justificar futuras restricciones a la votación anticipada y por correo y podría conducir a costosos desafíos legales. Los opositores también dicen que incluir los procedimientos electorales en la Constitución los hace más difíciles de corregir.
Entre los opositores que presentaron argumentos se encuentran League of Women Voters of Arizona, ACLU of Arizona, Common Cause Arizona, Mi Familia Vota, All Voting is Local Action, Vitalyst Health Foundation, Chispa Arizona, Our Voice, Our Vote y Lutheran Advocacy Ministry in Arizona.
Prop. 316: Límite a los impuestos municipales sobre los alimentos
La Prop. 316 limitaría al 2% los impuestos de las ciudades y pueblos sobre los alimentos y exigiría la aprobación de los votantes antes de que una ciudad o pueblo adopte o aumente dicho impuesto. Las ciudades que ya cobran un 2% o más podrían mantener sus tasas, pero no podrían aumentarlas.
A favor de la medida se modificaría la ley estatal para:
- Prohibir que las ciudades, pueblos y otras jurisdicciones tributarias locales adopten o aumenten un impuesto sobre los alimentos y ciertas bebidas no alcohólicas listas para beber que se venden para consumo en el hogar entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2027. La prohibición se aplicaría retroactivamente.
- Después de ese periodo, exigir la aprobación de los votantes para cualquier nuevo impuesto sobre alimentos o cualquier aumento, con una tasa máxima del 2%.
- Prohibir que los gobiernos locales que ya cobraban un impuesto sobre alimentos del 2% o más al 1 de enero de 2025 lo aumenten. Los que cobraban menos del 2% podrían aumentar sus tasas únicamente con la aprobación de los votantes y solo hasta el 2%.
Si los votantes aprueban la Prop. 316, la Legislatura podría modificarla posteriormente únicamente con una votación de tres cuartas partes en cada cámara y solo si el cambio favorece el propósito de la medida, conforme a una norma aprobada por los votantes en 1998 conocida como Prop. 105.
Un voto en contra mantendría las leyes actuales sobre los impuestos locales. Las ciudades y pueblos no estarían sujetos al límite ni al requisito de aprobación de los votantes.
Antecedentes: La Legislatura estatal colocó la Prop. 316, que comenzó como la Resolución Concurrente de la Cámara 2021, en la boleta. Comenzó como una propuesta para prohibir por completo los impuestos sobre alimentos. La gobernadora Katie Hobbs vetó un intento anterior en 2023, y la oposición de funcionarios municipales llevó al límite del 2% como un compromiso, informó Arizona Mirror.
Setenta ciudades y pueblos de Arizona cobran impuestos sobre los alimentos, informó el Mirror.
Ángulo local: Tucson, Marana, Oro Valley y Sahuarita no cobran impuestos sobre los alimentos, según datos del Departamento de Ingresos de Arizona. South Tucson cobraba un impuesto del 1.5% sobre los alimentos hasta el 1 de julio de 2026, cuando entró en vigor una decisión del Concejo Municipal de eliminarlo, según el departamento. Debido a que ninguna jurisdicción local cobra actualmente impuestos sobre los alimentos, un voto a favor o en contra no cambiaría lo que pagan actualmente los compradores del área de Tucson. Sí cambiaría lo que los funcionarios locales podrían hacer en el futuro.
A favor: Legisladores republicanos y otros partidarios dicen que la medida reduce el costo de vida de los residentes.
El único argumento a favor incluido en el folleto electoral estatal fue presentado por el alcalde de Chandler, Kevin Hartke, presidente de la League of Arizona Cities and Towns, y el director ejecutivo de la organización, René Guillen. Escribieron que la medida es un compromiso: las ciudades y pueblos conservarían sus ingresos actuales, los residentes tendrían voz en futuros aumentos y los turistas y visitantes seguirían pagando el impuesto. Hartke ayudó a negociar el límite y lo calificó como “un incómodo beneficio para ambas partes” en una entrevista con el Mirror.
En contra: Los opositores dicen que el límite restringiría una fuente de ingresos de la que dependen las ciudades y quitaría control a los gobiernos locales. El alcalde de Bisbee, Ken Budge, dijo que el estado no debería decir a los gobiernos locales cuánto cobrar en impuestos, según Arizona Mirror. Bisbee cobra un 3.5%, lo que, según Budge, genera alrededor de 700,000 dólares al año de un presupuesto municipal de 9 millones de dólares. Dijo que si las ciudades no pueden aumentar el impuesto, tendrían que recortar servicios como seguridad pública, reparación de calles y bibliotecas.
Civic Engagement Beyond Voting escribió que las ciudades pequeñas y rurales suelen depender en gran medida de los impuestos sobre los alimentos y que exigir una votación pública incluso para pequeños aumentos añadiría costos y trabajo administrativo.
Prop. 317: Cárteles de drogas como organizaciones terroristas
La Prop. 317 declararía en la ley estatal que los cárteles de drogas son organizaciones terroristas y ordenaría al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona hacer todo lo que esté dentro de sus facultades para abordar la amenaza que representan.
A favor de la medida se modificaría la ley estatal para:
- Declarar que los cárteles de drogas son organizaciones terroristas
- Exigir al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona que haga todo lo que esté dentro de sus facultades para abordar la amenaza que representan los cárteles de drogas
- Definir “cártel de drogas” como una asociación formal o informal y permanente de personas cuyos miembros o asociados, individual o conjuntamente, participen en el tráfico de personas, el tráfico de drogas con fines de lucro o cualquier acto de terrorismo, según se define en la ley estatal
- Establecer que nada de lo dispuesto en la medida respalda una solicitud de asilo conforme a la ley federal
Si los votantes aprueban la Prop. 317, la Legislatura podría modificarla posteriormente únicamente con una votación de tres cuartas partes en cada cámara y solo si el cambio favorece el propósito de la medida, conforme a una norma aprobada por los votantes en 1998 conocida como Prop. 105.
Un voto en contra mantendría las leyes estatales actuales sobre terrorismo y el Departamento de Seguridad Nacional de Arizona.
Antecedentes: La Legislatura colocó la Prop. 317, que comenzó como la Resolución Concurrente de la Cámara 2055, en la boleta. El presidente de la Cámara de Representantes, Steve Montenegro, republicano de Goodyear, ha impulsado la idea durante varios años. En un comunicado de prensa de 2025, Montenegro describió a Arizona como “la primera línea de un guerra” y dijo que la proposición es “un paso necesario en nuestra lucha para defender a las comunidades de Arizona”. La gobernadora Katie Hobbs vetó su primera versión en 2023, y los legisladores no enviaron una versión para la boleta a los votantes en 2024. Lo hicieron en 2025, después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas a nivel federal.
El texto de la medida no crea nuevos delitos ni sanciones. Define “amenaza” de manera amplia para incluir cualquier cosa diseñada para perturbar, violar o perjudicar los derechos individuales o la seguridad pública, la salud o el bienestar general. Las conclusiones de la Legislatura incluidas en la medida citan la aprobación por parte de los votantes de la Prop. 314 en 2024. La Prop. 314 convirtió en delito estatal cruzar la frontera en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, y el 61% de los votantes la aprobó.
A favor: Montenegro dijo ante un comité de la Cámara de Representantes que la medida daría a las fuerzas del orden una herramienta contra los delincuentes en la frontera, según el Mirror. Las conclusiones de la Legislatura citan una evaluación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos que señala que los cárteles obtienen ganancias de las drogas sintéticas.
En contra: Los opositores dicen que la medida tendría poco o ningún efecto en la práctica.
Darrell Hill, director de políticas de la ACLU of Arizona, dijo que la definición de cártel es tan amplia que podría incluir a delincuentes de bajo nivel relacionados con drogas, personas con trastornos por consumo de sustancias e inmigrantes que viajan con guías pagados. Durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el representante Lupe Contreras, demócrata de Laveen, preguntó si los migrantes obligados a transportar drogas podrían ser designados como terroristas, según el Mirror. Montenegro dijo que el Departamento de Seguridad Nacional tiene procesos para determinar quién tiene la responsabilidad y que el enfoque está en grupos que aterrorizan a las personas.
Los opositores también temen que el lenguaje de la medida pueda ser citado por un futuro gobernador para justificar el envío de tropas a la frontera. Un opositor en la guía electoral estatal argumentó que el proyecto es una pérdida de tiempo y que no tendrá cambios legales significativos.
Prop. 318: Estudiantes atletas transgénero
Lee sobre proposiciones educativas aquí.
Prop. 319: Cámaras de control fotográfico
La Prop. 319 prohibiría a las agencias estatales y los gobiernos locales utilizar cámaras de control de velocidad y de semáforos en rojo para multar a los conductores, a menos que tengan un contrato firmado a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Las ciudades y pueblos que ya tengan cámaras necesitarían la aprobación de los votantes para mantenerlas.
Un voto a favor cambiaría la ley estatal para:
- Prohibir a las agencias estatales y los gobiernos locales utilizar un sistema de control fotográfico para identificar a los conductores que excedan el límite de velocidad o no obedezcan una señal o un semáforo, a menos que tengan un contrato firmado para operar uno a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
- Exigir que un gobierno local que tenga dicho contrato pida a sus votantes, en la siguiente elección general después de que la medida entre en vigor, que aprueben la continuidad de su uso.
- Exigir que un gobierno local deje de operar sus cámaras dentro de los 90 días si los votantes no aprueban su uso.
- Permitir que un gobierno local con la aprobación de los votantes opere las cámaras durante 10 años y, después, exigir otra votación cada 10 años.
La medida define un sistema de control fotográfico como una unidad de radar o un sensor conectado a una cámara que registra la matrícula de un vehículo para identificar infracciones por exceso de velocidad o por no obedecer las señales de tránsito.
Si los votantes aprueban la Prop. 319, la Legislatura podría modificarla posteriormente solo con el voto de tres cuartas partes de cada cámara y únicamente si el cambio contribuye al propósito de la medida, conforme a una norma aprobada por los votantes en 1998 conocida como Prop. 105.
Un voto en contra mantendría las leyes actuales sobre los sistemas de control fotográfico.
Antecedentes: La Legislatura colocó la Prop. 319 en la boleta electoral; la medida comenzó como la Resolución Concurrente del Senado 1004 de 2026. La senadora Wendy Rogers, republicana, la presentó.
El control fotográfico regresó a Phoenix este año y se utiliza en Tempe, Mesa, Scottsdale y Paradise Valley. La declaración de intención legislativa de la medida señala que los legisladores quieren que la aplicación de las leyes se mantenga en manos de agentes capacitados, proteger a los residentes de la subcontratación de la aplicación de la ley a empresas privadas con fines de lucro y garantizar que la aplicación de la ley no exista para generar ingresos para los gobiernos.
Enfoque local: Tucson dejó de utilizar cámaras de semáforos en rojo y camionetas con radares fotográficos después de que los votantes de la ciudad aprobaron una prohibición, la Prop. 201, por aproximadamente 2 a 1. El condado de Pima dejó que su contrato de control fotográfico en las carreteras no incorporadas venciera en enero de 2014.
A favor: Los partidarios dicen que las cámaras de control fotográfico recaudan dinero y convierten las carreteras en fuentes de ingresos, y sostienen que empresas privadas las operan con fines de lucro. Rogers dijo a KTAR que las ciudades quieren quedarse con el dinero recaudado por las multas y que las cámaras generan preocupaciones sobre la privacidad similares a las de los lectores de matrículas.
Los tres argumentos a favor incluidos en el folleto electoral estatal, todos presentados por particulares, dicen que las cámaras son una forma de vigilancia que viola los derechos a la privacidad y al debido proceso, y que los votantes deberían decidir si sus comunidades las utilizan.
En contra: Los opositores dicen que la medida se aplica tanto a las cámaras de velocidad como a las cámaras de semáforos en rojo y prohíbe una herramienta de seguridad en lugares que actualmente no la utilizan. Will Humble, director ejecutivo de la Arizona Public Health Association, escribió que existe un debate legítimo sobre si algunas ciudades utilizan demasiadas cámaras de velocidad. Dijo que la medida no las distingue de las cámaras de semáforos en rojo, que, según él, previenen choques violentos.
Los opositores también dicen que la prohibición impediría que las comunidades que no cuentan con estos sistemas de cámaras puedan tenerlos en el futuro. Michelle Donati, directora de asuntos gubernamentales de AAA Arizona, escribió que la propuesta despoja a las comunidades locales de la capacidad de proteger a los usuarios de las vías.
También escribió que el control fotográfico nunca debería utilizarse como una trampa de velocidad para cubrir déficits presupuestarios. AAA y Civic Engagement Beyond Voting citan un hallazgo del Insurance Institute for Highway Safety según el cual las cámaras de semáforos en rojo reducen en 21% los choques mortales relacionados con el paso de semáforos en rojo. Michael Grandy, ingeniero de tránsito de Gilbert, escribió que los datos de la Administración Federal de Carreteras muestran reducciones de entre 20% y 54% en los choques. También escribió que el texto de la medida sugiere erróneamente que los agentes capacitados no revisan las pruebas y que un agente revisa cada fotografía antes de emitir una multa.
Los opositores también califican la medida como una extralimitación estatal en un asunto local. Entre los opositores que presentaron argumentos se encuentran la Arizona Public Health Association, AAA Arizona, la sección de Arizona del Institute of Transportation Engineers y Civic Engagement Beyond Voting. Civic Engagement Beyond Voting escribió que la medida se aplica únicamente a las cámaras de tránsito y no regula otras cámaras de vigilancia.
Prop. 320: Financiamiento de escuelas
Lee sobre proposiciones educativas aquí.
Ciudad de Tucson
Las Proposiciones 421 y 422 aparecerán en las boletas únicamente para los votantes de la ciudad de Tucson.
Prop. 421: Franquicia de Tucson Electric Power
La Prop. 421 pregunta a los votantes de Tucson si deben otorgar a Tucson Electric Power una franquicia de 25 años para utilizar calles, callejones y otros derechos de paso públicos de la ciudad para sus líneas y equipos eléctricos. Un acuerdo complementario establecería que la compañía entregue a la ciudad al menos 2 millones de dólares al año para proyectos de energía si los votantes la aprueban.
Un voto a favor:
- Otorgaría a TEP una franquicia no exclusiva por 25 años para construir, mantener y operar líneas y equipos de transmisión y distribución eléctrica en los derechos de paso de la ciudad, reemplazando la franquicia que los votantes aprobaron en 2000.
- Mantendría la tarifa de franquicia en 2.25% de los ingresos de TEP provenientes de clientes de la ciudad. Los clientes la pagan en sus facturas y TEP la transfiere a la ciudad. Una novena parte de la tarifa podría destinarse a asistencia energética para personas de bajos ingresos, a enterrar líneas eléctricas o a incentivos para energía renovable.
- Pondría en vigor un Acuerdo de Colaboración Energética complementario. Según el acuerdo, TEP proporcionaría al menos 2 millones de dólares al año en subvenciones, con un aumento anual de 2%, para apoyar el plan de acción climática de la ciudad, según la Ciudad de Tucson. Eso sumaría aproximadamente 64 millones de dólares durante 25 años. La compañía dice que el dinero provendría de fondos corporativos y no se recuperaría mediante las tarifas eléctricas.
- Permitiría que la ciudad o TEP soliciten una revisión de partes del acuerdo después de 10 y 20 años. Si la otra parte se niega a negociar, la parte que solicite los cambios podría poner fin al acuerdo con un aviso de un año.
Un voto en contra rechazaría la franquicia. TEP dice que aun así tendría que prestar servicio a los clientes en su territorio, pero su uso de los derechos de paso estaría sujeto al proceso estándar de permisos de la ciudad. El acuerdo complementario no entraría en vigor. TEP dice que la franquicia actual permanecería vigente hasta abril de 2027.
Los votantes aprobaron la franquicia actual de TEP en 2000. Los votantes rechazaron una renovación, la Prop. 412, en abril de 2023. Esa versión incluía una nueva tarifa de 0.75% para ayudar a pagar el soterramiento de una línea de transmisión.
Una franquicia no establece las tarifas eléctricas. La Comisión de Corporaciones de Arizona lo hace, según TEP y los partidarios de la franquicia. TEP ha solicitado a la comisión un aumento de tarifas que elevaría las facturas residenciales en un promedio de 14%.
La ciudad elevó su impuesto sobre los servicios públicos de electricidad al 5% el 1 de marzo, según el Departamento de Ingresos de Arizona. TEP dice que los pagos de la tarifa de franquicia cuentan para ese impuesto, por lo que el costo efectivo para los clientes es de 2.75% y la franquicia no aumenta las facturas.
A favor: Los partidarios dicen que una franquicia permite que las cuadrillas de TEP reparen y mejoren los equipos sin tener que obtener permisos separados de la ciudad para cada trabajo, lo que, según ellos, acelera la respuesta ante cortes de electricidad. También dicen que la medida no aumentaría las tarifas y aportaría dinero nuevo para la resiliencia ante el calor, la climatización de viviendas y ayuda con las facturas de energía. TEP dice que las franquicias son comunes.
El concejal de la ciudad Kevin Dahl escribió en el folleto electoral que los votantes que no están satisfechos con TEP deberían dar esas batallas en otro lugar, porque rechazar la franquicia perjudicaría principalmente el plan climático de la ciudad. La vicealcaldesa Lane Santa Cruz escribió que apoya una opción de electricidad pública y también apoya la Prop. 421.
Entre los partidarios que presentaron argumentos se encuentran el Southern Arizona Leadership Council, la Chamber of Southern Arizona, Local First Arizona, el Arizona Technology Council y la Southern Arizona Energy Alliance. Muchos de los argumentos a favor fueron pagados por TEP for Tucson, un comité, incluidos varios escritos por empleados de TEP.
En contra: Los opositores dicen que el plazo de 25 años es demasiado largo y que el acuerdo carece de condiciones que los residentes solicitaron. Tucson DSA y Public Power for Tucson dijeron en reuniones públicas el año pasado que miles de residentes pidieron un acuerdo de cinco años, una empresa pública de electricidad, metas de energía renovable y mayores protecciones contra aumentos de tarifas. Señalan la solicitud de TEP para aumentar las tarifas y sus planes para suministrar electricidad al Proyecto Blue, un centro de datos propuesto que ha generado oposición.
Los miembros de Public Power for Tucson dijeron que la inversión de 2 millones de dólares es una cantidad mínima en comparación con los casi 2,000 millones de dólares en ganancias de Fortis. Algunos opositores sostienen que los clientes, y no los accionistas de TEP, pagan la tarifa de franquicia a través de sus facturas.
Prop. 422: Impuesto sobre las ventas para Reid Park Zoo
Un impuesto municipal sobre las ventas y el uso de 0.1% que los votantes aprobaron por primera vez en 2017 para financiar el Reid Park Zoo se extendería por 20 años bajo la Prop. 422. El impuesto equivale a 1 centavo por cada 10 dólares gastados y estaría vigente del 1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2047.
Un voto a favor modificaría la carta constitucional de la ciudad de Tucson para volver a autorizar el impuesto sobre las ventas y el uso de 0.1% durante 20 años y destinar los ingresos a mejoras de capital, reparación y reemplazo de infraestructura, ampliación de exhibiciones y mejoras relacionadas, así como a las operaciones y el mantenimiento del zoológico.
Un voto en contra rechazaría la extensión. El impuesto terminaría cuando expire la autorización actual.
Los votantes aprobaron el impuesto actual en 2017 por 10 años mediante dos medidas, las Props. 202 y 203. La Prop. 203, que creó el impuesto, fue aprobada por unos 600 votos, y la Prop. 202, un cambio a la carta constitucional de la ciudad, fue aprobada con 53%. La tasa del impuesto sobre las ventas de la ciudad aumentó de 2.5% a 2.6% en 2018 debido a ello, según un aviso de la ciudad.
El impuesto es la principal fuente de dinero para el fondo del zoológico de la ciudad, que se estimó en 17.1 millones de dólares en el año fiscal 2024 y se proyectó en 18 millones de dólares para el año fiscal 2025, según informes financieros de Tucson.
Nancy Kluge, directora ejecutiva de la Reid Park Zoological Society, que administra el zoológico, dijo que proyectos como la ampliación Pathway to Asia se pagan con 85% de dinero del impuesto y 15% de donaciones privadas. Pathway to Asia, el último proyecto de la primera fase del plan maestro del zoológico, está programado para abrir el 13 de noviembre.
Si los votantes aprueban la extensión, el zoológico destinaría la mayor parte del dinero a hábitats más grandes para animales en las fases dos y tres del plan maestro, dijo Kluge. La fase dos incluye rediseñar el área de África como una sabana para elefantes, jirafas y leones. Kluge dijo que las siguientes dos fases no cambiarían la superficie del zoológico.
A favor: Los partidarios dicen que el impuesto permite al zoológico mantener los precios bajos y seguir atrayendo visitantes. Kluge dijo que la entrada cuesta 12.75 dólares para adultos y 9 dólares para niños, en comparación con casi 45 dólares y casi 33 dólares en el Phoenix Zoo. Las familias que reciben beneficios de WIC o SNAP pagan 6.50 dólares para adultos y 2.50 dólares para niños. Los residentes del condado pueden obtener dos pases gratuitos a través de la Biblioteca del Condado de Pima, y el impuesto ha cubierto excursiones escolares de kindergarten.
Kluge dijo que la asistencia anual aumentó de unos 480,000 visitantes antes del impuesto de 2017 a unos 600,000 durante los últimos tres años, y que el dinero del impuesto pagó los salarios de dos veterinarios de tiempo completo. Dijo que las mejoras también ayudan al zoológico a demostrarle a la Association of Zoos and Aquariums que puede cuidar de más animales en peligro de extinción.
En contra: No se presentaron argumentos en contra para el folleto electoral de la ciudad. Kluge dijo que el zoológico no tiene un plan específico para funcionar sin el impuesto. Dijo que podría tener que aumentar los precios de entrada, reducir el número de animales o terminar programas que ofrecen entrada gratuita o con descuento, pero que no comprometería el cuidado de los animales.
Gobierno local
Prop. 424: Bonos del Northwest Fire District
Los votantes del Northwest Fire District, que abarca Marana, Avra Valley y zonas no incorporadas del noroeste de Tucson, como Casas Adobes, decidirán esta cuestión. Vea aquí un mapa del distrito.
La Prop. 424 pregunta a los votantes del Northwest Fire District, que cubre comunidades del área noroeste de Tucson, si permiten que el distrito pida prestado hasta 73 millones de dólares para reconstruir una estación de bomberos, construir dos nuevas y comprar un camión con escalera y otros equipos. Los impuestos sobre la propiedad en el distrito pagarían los bonos. Vea la página de la Proposición 424 del Northwest Fire District.
Un voto a favor permitiría que el distrito venda hasta 73 millones de dólares en bonos durante un periodo de hasta 20 años, con un interés de no más de 8%, para construir, mejorar y equipar estaciones de bomberos, comprar terrenos y vehículos y equipos de emergencia, y pagar los costos de la venta. El distrito planea vender los bonos en tres etapas:
- 2028: Aproximadamente 21 millones de dólares para demoler y reconstruir la Estación 331.
- 2029: Aproximadamente 25 millones de dólares para construir la Estación 340 y comprar un camión con plataforma aérea para ella.
- 2032: Aproximadamente 27 millones de dólares para comprar terrenos y construir la Estación 342 y agregar una cuarta bahía al taller de reparación de vehículos del distrito.
Un voto en contra no autorizaría los bonos. El distrito dice que tendría que pagar los proyectos con ingresos regulares, lo que podría retrasarlos hasta 20 años y algunos podrían quedarse sin financiamiento. El distrito dice que eso podría significar tiempos de respuesta más largos a medida que crece el área.
Los miembros de la junta directiva del distrito votaron por unanimidad el 26 de mayo para convocar la elección, después de que un comité voluntario de 13 residentes y empresarios lo recomendara. Los funcionarios del distrito dicen que el área es una de las de más rápido crecimiento en el sur de Arizona y que se necesitan nuevas estaciones para mantener bajos los tiempos de respuesta.
El distrito estima que los bonos agregarían unos 17.8 centavos por cada 100 dólares de valor tasado. Para una vivienda con el valor promedio del distrito de 278,180 dólares, eso equivale a unos 49 dólares al año, o 4 dólares al mes. El calendario del distrito supone una tasa de interés promedio de 5% y calcula que el costo total, incluidos los intereses, sería de unos 115 millones de dólares. El distrito dice que no tiene que vender todos los bonos si el crecimiento no lo requiere.
El calendario del distrito muestra que su tasa combinada de impuestos para bonos aumentaría de 20 centavos por cada 100 dólares en 2026-27 a unos 24 centavos a principios de la década de 2030, y luego disminuiría a medida que se vendan nuevos bonos mientras se pagan los anteriores. El distrito tiene 17.2 millones de dólares en bonos pendientes de pago.
A favor: Los partidarios dicen que el dinero ayudaría al distrito a mantenerse al ritmo del crecimiento y mantener bajos los tiempos de respuesta. Un dirigente de la Cámara de Comercio de Marana escribió que el plan incluye una nueva estación cerca de Twin Peaks Road y la Interestatal 10. Los partidarios dicen que el distrito es fiscalmente responsable. El folleto informativo del distrito incluye cuatro argumentos a favor, de dos residentes, la concejal de Marana Patti Comerford y la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Marana, Amanda Wiggins.
En contra: No se presentaron argumentos en contra.
Prop. 425: Límite de gasto del condado de Pima
Los votantes del condado de Pima decidirán si aumentan permanentemente el límite de gasto del gobierno del condado impuesto por el estado. La medida no cambiaría ninguna tasa de impuestos, pero los opositores dicen que un límite más alto llevaría a impuestos más altos.
Un voto a favor agregaría 70 millones de dólares a la base de gasto del condado de 1979-80, el punto de partida para calcular el límite. Esa cifra se ajusta cada año según el crecimiento de la población y la inflación. En el año fiscal 2027-28, el límite del condado aumentaría unos 610 millones de dólares, de 817.1 millones a 1,430 millones de dólares.
Un voto en contra dejaría la base como está. El límite seguiría aumentando cada año con la población y la inflación.
Los votantes de Arizona aprobaron en 1980 un límite constitucional al gasto de los gobiernos locales. Cada condado, ciudad y pueblo tiene un límite basado en lo que gastó en 1979-80, ajustado anualmente según la población y la inflación. Los gobiernos pueden pedir a los votantes que ajusten permanentemente esa base. El condado de Pima nunca lo ha hecho. La Junta de Supervisores del condado remitió la medida a la boleta en abril de 2026.
El condado dice que los 70 millones de dólares se agregan a la base de 1979-80, por lo que aumentan de acuerdo con la fórmula. Por eso se convierten en unos 610 millones de dólares en 2027-28. El condado dice que utilizará ese margen adicional para “cualquier propósito presupuestario local”, incluidos salud pública, seguridad, carreteras y otra infraestructura. Dice que el dinero provendría de ingresos estatales y locales que ya recibe, no de nuevos impuestos.
El condado proyecta que gastaría unos 84.1 millones de dólares por encima del límite actual en el año fiscal 2027-28. De esa cantidad, 21.9 millones de dólares provendrían de fuentes estatales y 62.2 millones de dólares de ingresos locales existentes. Basándose en el crecimiento de los ingresos durante los últimos 10 años, el condado dice que no espera utilizar el aumento completo durante al menos 20 años. El servicio de la deuda de los bonos está en gran medida exento del límite.
Siete de los 15 condados de Arizona han hecho un ajuste similar, incluido el condado de Maricopa en 1998 y los condados de Coconino y Yavapai en 2024. El condado de Santa Cruz (Prop. 417) y el condado de Yuma (Prop. 435) tienen medidas similares en la boleta de este año. Tucson, Marana y Oro Valley han ajustado sus límites.
A favor: Los partidarios dicen que la fórmula tiene 46 años y no refleja el costo de las carreteras, los vehículos, los programas de seguridad pública y salud. Dicen que el condado no podría gastar los ingresos que ya recauda sin el cambio y tendría que asumir deuda. Destacan que la medida no aumenta los impuestos ni las tasas impositivas. Entre los partidarios en el folleto electoral del condado se encuentran la presidenta de la Junta de Supervisores, Jen Allen; la alcaldesa de Tucson, Regina Romero; la representante federal Adelita Grijalva; el presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon Jose; el alcalde de Sahuarita, Tom Murphy; y el Partido Demócrata del Condado de Pima. Murphy escribió que se opone al reciente aumento del impuesto sobre la propiedad del condado, pero considera que esta medida es neutral en materia de impuestos. Los partidarios también señalan los reconocimientos del condado por sus informes financieros, sus calificaciones crediticias y una nueva Comisión de Transparencia de Deuda y Finanzas como mecanismos de supervisión.
En contra: Los opositores dicen que el efecto real es un aumento de 75% en la autoridad para gastar que nunca vence, sin ningún requisito de destinarla a proyectos específicos. Sostienen que un límite más alto llevará al condado hacia impuestos sobre la propiedad y tarifas más altos con el tiempo, y que el condado debería reducir los impuestos o vivir dentro de sus posibilidades. Varios dicen que la redacción de la boleta, que habla de un ajuste de “70 millones de dólares”, subestima el efecto. Otros dicen que una mayoría simple de tres de los cinco supervisores podría comprometer grandes cantidades de dinero. Entre los opositores en el folleto se encuentran el Partido Republicano del Condado de Pima, la exsupervisora Ally Miller, Jeff Rhodes, candidato al puesto de supervisor del Distrito 5, y United Republicans for Arizona. Algunos opositores también señalan que el condado ya puede pedir a los votantes una autorización por un año o un ajuste menor.
Prop. 431: Plan general de Oro Valley
Los votantes de Oro Valley decidirán si adoptan “Oro Valley’s Path Forward”, el próximo plan general de 10 años del pueblo. El plan es una guía de políticas para el crecimiento, la vivienda, el agua, los parques y otras decisiones del pueblo. No establece el presupuesto ni crea impuestos.
Un voto a favor aprobaría el plan Path Forward de 2026 para orientar las decisiones del pueblo durante los próximos 10 años.
Un voto en contra rechazaría el plan. El plan de 2016 del pueblo, “Your Voice, Our Future”, permanecería vigente hasta que los votantes aprueben uno nuevo.
La ley de Arizona exige que los pueblos adopten un plan general y lo actualicen cada 10 años. Los votantes de Oro Valley ratificaron el plan actual el 8 de noviembre de 2016. El pueblo comenzó a trabajar en esta actualización en 2023 con una encuesta comunitaria, seguida de un grupo asesor y reuniones públicas. Según Oro Valley Path Forward, el plan final se basa en más de 10,700 comentarios públicos recopilados durante tres años.
El plan contiene 286 acciones en cuatro grupos: comunidad, sostenibilidad, economía y desarrollo. Tucson Spotlight informa que el plan de 2016 tenía 310 acciones y que el pueblo ha abordado la mayoría de ellas. Algunos ejemplos de los objetivos incluyen:
- proteger los corredores de vida silvestre, las plantas nativas y las áreas de conservación
- diversificar las fuentes de agua y limitar el césped natural
- administrar el presupuesto del pueblo y ocupar los locales comerciales vacíos
- ofrecer una variedad de tipos de vivienda, desde casas adosadas hasta condominios, mientras se limitan los complejos de apartamentos de alta densidad
- mantener las carreteras en buenas condiciones y reducir la dependencia de los automóviles mediante el transporte público
Prop. 430: Bonos de Pima Community College
Pima Community College pide a los votantes que aprueben 250 millones de dólares en bonos para construir y renovar instalaciones, que se pagarían con impuestos sobre la propiedad. Sería la primera solicitud de bonos del colegio en más de 30 años.
Un voto a favor permitiría al colegio vender hasta 250 millones de dólares en bonos de obligación general, que se pagarían mediante un impuesto secundario sobre la propiedad. El colegio estima que el costo sería de unos 31 dólares al año para el propietario de una vivienda con un valor limitado de propiedad de 250,000 dólares.
Un voto en contra no autorizaría los bonos. El colegio dice que reduciría los proyectos y buscaría otras fuentes de financiamiento, lo que podría incluir un aumento de las colegiaturas o un aumento mayor del impuesto primario sobre la propiedad.
El colegio dice que el financiamiento estatal para infraestructura terminó en 2009 y que el financiamiento estatal para operaciones cayó a cero en 2015, una pérdida acumulada de 221 millones de dólares. Muchos edificios datan de la década de 1970. La junta directiva votó por unanimidad para incluir los bonos en la boleta.
Los costos estimados de los proyectos del colegio son:
- 58.9 millones de dólares para infraestructura existente, incluidas las instalaciones y tecnología de la información.
- 57 millones de dólares para modernizar y ampliar los espacios académicos.
- 39.8 millones de dólares para un centro de capacitación en seguridad pública y primeros respondedores en el East Campus.
- 38 millones de dólares para refinanciar bonos de ingresos existentes.
- 29 millones de dólares para una sede de la policía del campus en el Downtown Campus.
- 27.3 millones de dólares para renovar los centros de apoyo estudiantil.
Los diseños y costos no son definitivos. El refinanciamiento liberaría aproximadamente 4 millones de dólares al año en el presupuesto operativo, según el colegio.
El colegio vendería los bonos en etapas hasta el año fiscal 2029-30, y cada uno se pagaría en un plazo de 20 años. Su folleto estima un costo de 31.08 dólares al año durante 22 años para una vivienda de 250,000 dólares, unos 684 dólares en total. Según el calendario del distrito, la tasa aumentaría con el tiempo, alcanzando un máximo de unos 38 dólares al año en 2030-31. El bono completo, incluidos los intereses, costaría unos 385.5 millones de dólares con una tasa asumida de 5%.
La junta directiva, un comité de finanzas y auditoría integrado por miembros de la comunidad y auditorías estatales anuales supervisarían los gastos, según el colegio.
A favor: Los partidarios dicen que el estado ha dejado al colegio sin financiamiento y que sus edificios han envejecido. Dicen que los bonos modernizarían la capacitación para primeros respondedores, enfermeros, maestros y trabajadores tecnológicos, y ahorrarían dinero al refinanciar la deuda. Los argumentos del folleto del colegio provienen de la junta directiva, el senador federal Mark Kelly, la representante federal Adelita Grijalva, las representantes estatales Alma Hernandez y Consuelo Hernandez, la Chamber of Southern Arizona, la Southern Arizona Hispanic Chamber of Commerce, el Southern Arizona Leadership Council, el exalcalde de Tucson Jonathan Rothschild, los alcaldes de Oro Valley y Sahuarita, y otros grupos empresariales y exmiembros de la junta.
En contra: Un argumento en contra aparece en el folleto, presentado por Carlos Mejorado Carrillo, ex alumno del colegio. Dice que apoya al colegio, pero se opone a los bonos porque no ha demostrado cómo los gastos anteriores, incluida la Prop. 481 aprobada por los votantes en 2020, mejoraron los resultados. Quiere primero una supervisión independiente por parte de ciudadanos. No ha surgido una oposición organizada.
Traducción: Beatriz Limón
This article first appeared on AZ Luminaria and is republished here under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.